Las opiniones de la población sobre el proyecto de nuevo Código de las Familias son analizadas desde este miércoles por las autoridades jurídicas de Cuba.

Radio Ciudad informa que como parte de la consulta popular, desde el 1 de febrero hasta el 30 de abril se realizaron en la nación casi 80 mil reuniones para recoger los criterios de la ciudadanía sobre la norma jurídica, la cual introduce novedades técnicas y conceptuales respecto a la que es considerada la célula fundamental de la sociedad.

Ese ejercicio democrático, que se vuelve común en el proceso legislativo del país, da continuidad a experiencias anteriores de los legisladores cubanos, quienes tienen abiertos canales permanentes de comunicación para que la población emita opiniones, dudas o preocupaciones sobre los proyectos de leyes que serán aprobados por el Parlamento.

De acuerdo con este medio, funcionarios del Consejo Electoral Nacional destacaron que más de seis millones 500 mil personas asistieron a las reuniones de consulta pública y fueron realizadas más de 397 mil propuestas, lo que ilustra el interés por participar en este proceso.

La consulta, según los expertos, permitió recopilar las opiniones y que los especialistas y directivos que acudieron a los encuentros aclararan dudas, explicaran los puntos más polémicos y desmintieran información tendenciosa que circulaba en las redes sociales.

Por su parte, las autoridades en reunión de seguimiento al tema informaron al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel que se avanza en el procesamiento de las propuestas sobre el matrimonio, la adopción, orden de los apellidos, responsabilidad parental, gestación solidaria y la discriminación en el ámbito familiar.

Precisan, asimismo, que de las intervenciones recibidas, el 61 por ciento mostró una opinión favorable sobre el texto legal, el 20,36 por ciento sugirió modificaciones y el 12,69 por ciento solicitó eliminaciones.

La ruta legislativa del nuevo Código de las Familias tiene este mes un momento importante en la próxima sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en la que los diputados serán informados sobre las transformaciones realizadas al documento y los pasos que precederán el referendo popular.

El código da continuidad jurídica a los derechos consagrados en la Constitución de 2019, actualiza el marco normativo cubano frente a la legislación vigente internacional y, sobre todo, da amparo institucional a las transformaciones acaecidas en el ámbito social y familiar del país.