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publicado el 09/03/2022 12:26 pm

Presentan en la Habana anteproyecto del Código Penal

La Ley de Ejecución Penal, resultado de la integración de varias normas, logra concentrar en un cuerpo legal las regulaciones relacionadas con la fase de ejecución de las sanciones y medidas de seguridad, en aras de alcanzar una mejor instrumentación, localización y uso por parte de los operadores.

Este anteproyecto de ley, debatido por fiscales, instructores, oficiales del Ministerio del Interior, profesores de la Universidad de la Habana, estudiantes de la Facultad de Derecho y subdirectores del sistema judicial, busca eliminar la dispersión normativa existente en el país.

 

La iniciativa enuncia 7 propuestas que dan respuesta a las insuficiencias diagnosticadas en aspectos referidos a las sanciones penales, medidas de seguridad, la medida cautelar de prisión provisional y el sobreseimiento condicionado.

La Ley de Ejecución Penal está diseñada, de forma armónica, con las propuestas normativas del Código Penal y la Ley del Proceso Penal.

Para su elaboración se identificaron, entre los aspectos que requieren soluciones, asociados a derechos y garantías esenciales de las personas, la necesidad de prever un tratamiento diferenciado a un grupo de sancionados por concurrir condiciones especiales como son: la presencia de alguna discapacidad o enfermedad, poseer edad menor de 18 años, entre otros supuestos.

Con la aprobación de la Constitución de la República en el año 2019, se refrendan un conjunto de garantías en los artículos 60, 94, 95 y 151, los cuales requieren de desarrollo normativo, ya que establecen la obligatoriedad de cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los tribunales.

De igual forma se define, la responsabilidad del Estado en cuanto a favorecer la reinserción social de las personas privadas de libertad y las que extinguen sanciones penales no detentivas o cumplen otros tipos de medidas impuestas por los tribunales.

Es así, como se propone garantizar, el respeto de los derechos de estas personas; siendo identificados un total de 68 preceptos constitucionales con trascendencia a la norma que se plantean.

 

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