«No existe justificación alguna, bajo el Derecho Internacional, para imponer sanciones económicas a terceros Estados por participar en intercambios legítimos con otro Estado soberano», afirmaron la víspera el experto y los relatores independientes de las Naciones Unidas George Katrougalos (promoción de un orden internacional democrático y equitativo), Ben Saul (protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo) y Michael Fakhri (derecho a la alimentación).

A través de un comunicado oficial, los especialistas condenaron la reciente Orden Ejecutiva firmada por el presidente estadounidense. Señalaron que calificar a la Isla como una «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional de Estados Unidos y acusarla de apoyar a «grupos terroristas transnacionales» son argumentos carentes de credibilidad, diseñados «para justificar el uso extraordinario de poderes coercitivos», según publicó la ONU en su sitio digital.

En ese sentido, subrayaron que la medida extraterritorial adoptada por el Gobierno norteamericano no cuenta con autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, por lo que carece de sustento en la seguridad colectiva y constituye una grave violación del Derecho Internacional. Además, aseguraron que «viola de manera directa los principios de igualdad soberana, no injerencia y libre determinación de los pueblos».

De acuerdo con reportes de prensa, los expertos coincidieron en que interferir en las importaciones de combustible podría provocar una grave crisis humanitaria en la Mayor de las Antillas, que ya enfrenta una compleja situación debido al recrudecimiento constante del bloqueo impuesto hace más de seis décadas.

Finalmente, demandaron al Gobierno de Estados Unidos revocar de inmediato la medida, llamaron a todos los Estados a no reconocer ni validar esas acciones contra Cuba y advirtieron que la normalización de la coacción económica unilateral erosiona el orden jurídico internacional, debilita las instituciones multilaterales e inflige un sufrimiento inaceptable a la población civil.

Fuente: Periódico Granma