Esta ley actualiza procedimientos fundamentales como el registro de nacimientos, matrimonios, defunciones, cambios de identidad y ciudadanía, con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica, la eficiencia y el respeto a los derechos humanos en estos procesos.

La nueva norma permite simplificar y hacer más integrales los procedimientos de inscripción de la población, otro momento en el intenso cronograma legislativo y de ordenamiento jurídico de la actual X Legislatura.

La nueva ley, parte del mandato constitucional y de leyes clave como el Código de las Familias (Ley 156) y la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 149).

Reorganización estructural: uno de los elementos de la ley es la reorganización funcional del sistema registral, que pasa a estar bajo la supervisión directa del Ministerio de Justicia.

Se crea también el Registro Civil Central, con una base de datos nacional digital y un sistema de folio único por persona, lo cual pretende permitir una gestión más eficiente, segura y transparente.

Entre las novedades destacan:

Sustitución del soporte papel por digital, con uso de firma electrónica certificada.

Eliminación de testigos en los matrimonios civiles.

Reconocimiento legal de actos como pactos de convivencia, apoyos a personas con discapacidad, cambio de apellidos o identidad de género.

Regulaciones sobre la libre elección del nombre propio y la condición intersexual al nacer.

Además, se establece un catálogo de derechos y deberes para los ciudadanos en su relación con el registro civil, promoviendo la igualdad jurídica, la perspectiva de género y la atención a personas en situación de vulnerabilidad.

Digitalización y desafíos pendientes

Desde 2020, el Ministerio de Justicia ha implementado una estrategia de transformación digital,que incluye herramientas como SIREC y la plataforma Bienestar, facilitando la solicitud y verificación digital de certificaciones.

Se han digitalizado más de 15 millones de folios y creado una ficha única del ciudadano, permitiendo la interoperabilidad entre entidades estatales.

Sin embargo, la ley también reconoce los desafíos existentes, como la alta demanda de certificaciones, y apuesta por simplificar trámites y mejorar la atención a la ciudadanía.

Fuente: Ministerio de Justicia