La Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento) en Cuba aprobó este martes la Ley de la Contraloría General de la República, que contempla la regulación de aspectos de mayor alcance relacionados con los sujetos de las acciones de control.

Granma reseña que durante el Décimo Período Ordinario de Sesiones, los diputados conocieron el énfasis de la normativa en la prevención de los riesgos, indisciplinas, ilegalidades y manifestaciones de corrupción administrativa, acorde con la misión y funciones desarrollados por la CGR.

En la presentación de esta norma jurídica, Gladys María Bejerano Portela, contralora general de la República, explicó que da continuidad a un proceso gradual y sostenido que expresa la voluntad política del Estado cubano, conducido estratégicamente hacia la institucionalidad y al perfeccionamiento del Sistema de Control del Estado y del Gobierno.

Bejerano Portela explicó que en la norma jurídica se pondera la prevención de riesgos e indisciplinas, al tiempo que se promueve la participación activa de todos como estrategia principal en el enfrentamiento para combatir, liquidar y frenar de una vez la corrupción.

Respecto a los fundamentos de la Ley, agregó que en el orden político-ideológico tiene su basamento esencial en el 8vo. Congreso del Partido Comunista de Cuba. Añadió que su actualización busca con la contribución de sus acciones hacer efectiva la implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para la etapa que comprende el período 2021-2026.

La nueva norma —compuesta por nueve títulos, 20 capítulos, 31 secciones y 104 artículos— incorpora ahora otros aspectos importantes como es el caso de la Comisión Estatal de Control, y actualiza todo lo referido al Sistema Nacional de Auditoría en correspondencia con la política aprobada para su perfeccionamiento.

Según el documento presentado a los parlamentario, la disposición pretende el cumplimiento de los preceptos refrendados en la Constitución de la República y la continuidad del proceso gradual y sostenido de impulso de una cultura de control y prevención en las administraciones.

Igualmente, valoriza el fortalecimiento de una cultura ética, sistemas de control participativos y rendiciones de cuentas transparentes, expresión de la voluntad política del Estado y su propósito de consolidar una nación soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible.