Por Elena Godinez Dalmau

Entrevista a la Dra. C. Adela Haber Vega, delegada capitalina y trabajadora del CITMA

¿Cómo Cuba preserva el medio ambiente?

"Desde el propio triunfo de la Revolución, nuestro país comenzó a desarrollar acciones a favor del medio ambiente, refrendadas en la Constitución de la República, legislaciones e instrumentos jurídicos, normas, así como políticas, estrategias, programas, proyectos y planes, relacionados con la protección del medio ambiente.

En 1981 se promulga la Ley 33 De la protección del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales; que representa una temprana e importante normativa que expresa los principios de la política ambiental cubana y sentó las bases para el desarrollo normativo en materia medioambiental.

En 1997, se sustituye por la Ley 81 Del Medio Ambiente. En 1994 se creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y sus Delegaciones Provinciales, para implementar la política ambiental del país.

Entre las acciones más importantes de los últimos 5 años se encuentran el Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático, Tarea Vida y el Plan gubernamental para enfrentar los delitos vinculados a los recursos naturales.

Recientemente, se aprobó la nueva Ley del Sistema de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente. Esta Ley se deriva de las políticas establecidas en el sector, de un amplio proceso de consulta y de las opiniones recibidas de los diputados y de la población. Constituye una norma moderna, que busca ordenar y fortalecer la institucionalidad y el marco jurídico para la implementación de la Estrategia Ambiental Nacional, y considera el fomento de la educación, la conciencia y cultura ambiental, y la sostenibilidad económica-financiera".

Tiene en cuenta los tratados internacionales y los compromisos asumidos por nuestro país a nivel internacional, y se nutre de los principios fundamentales del derecho ambiental. Esta ley, de conjunto con otras referentes al suelo, el agua, minas, además de la que regula la pesca, la Ley General de Protección al Patrimonio Cultural y al Patrimonio Natural y, el propio código penal que reconoce en uno de sus capítulos los delitos ambientales, son una muestra de la voluntad política del Estado y del Gobierno para continuar avanzando en la preservación del medio ambiente".