Las actividades correspondientes a la Quinta Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en su IX Legislatura continúan este domingo con la presencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Granma informa que la agenda del día, contempla el análisis de los proyectos de leyes del Código Penal; de Ejecución Penal; y de Amparo a los Derechos Constitucionales.

Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), presentó a los diputados en la Quinta Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en su IX Legislatura, el Proyecto de Ley del Código Penal, con un impacto amplio en la sociedad.

Este proyecto de norma jurídica propone de ser aprobado reemplazar la vigente Ley que tienen más de 30 años de vigencia, incluyendo las modificaciones que se incorporaron con posterioridad.

Para ello, agregó, participaron profesores, especialistas de la Fiscalía, del Minjus, del Minint, Citma, Mincom, MES, MTSS, Agricultura y MINSAP por el impacto directo en casi todas las formas de la sociedad.

Una vez ejercida la iniciativa fueron consultados especialistas, magistrados y jueces fiscales que actúan en los procesos penales, además de profesores de derecho de las diferentes universidades del país.

Como resultado de la consulta fueron recibidos mil 140 criterios, mil 114 propuestas, de las cuales 706 aceptadas, y 408 desestimadas

El presidente del TSP señaló que las regulaciones normativas refuerzan las normativas y garantías de las personas en diferentes normativas y para su construcción se atendieron las recomendaciones realizadas en la anterior Legislatura de la ANPP.

Aspectos novedosos

Dentro de los aspectos novedosos que presenta este Proyecto, Remigio Ferro destacó que se extiende su aplicación a infracciones y actos ilícitos que afectan el espectro radioeléctrico, el medio ambiente y el patrimonio natural.

Asimismo, se incorporan nuevas sansiones accesorias, circunstancias agravantes y reglas de adecuación para enfrentar la discriminación en todas sus manifestaciones, la violencia de género y familiar, además de hechos contra personas menores de edad o en situaciones de discapacidad.

El presidente del TSP agregó que se refuerza el rigor de las sanciones en hechos vinculados a la corrupción económica o administrativa con alcance a los nuevos actores económicos y se penalizan las violaciones más graves relacionadas con el el uso abusivo de los derechos constitucionales, la participación en actividades subversivas y las agresiones a las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otros.

De igual forma, se prevén como sanciones principales para los hechos delictivos de mayor gravedad, la privación perpetua de libertad o la privación temporal hasta 30 años y se mantiene, con carácter excepcional, la posibilidad de aplicar la sanción de muerte en 23 tipos penales de extrema gravedad y se suprimen en cuatro delitos.

Se introducen como nuevas sanciones —continuó Remigio Ferro—, la de reclusión domiciliaria y servicio en beneficio de la comunidad.

Por otra parte, dijo, se mantiene la exigencia de responsabilidad penal a partir de los 16 años de edad cumplidos, con múltiples previsiones, con múltiples previsiones para el tratamiento diferenciado a los comprendidos entre 16 y 18 años, sostuvo.

Otro de los cambios es que se suprimen las medidas de seguridad predelictivas, en tanto, se incorporan nuevas fuentes de financiamiento a la Caja de Resarcimientos, en pos de una mayor efectividad y prontitud en la reparación de daños e indemnización de perjuicios a las víctimas.

¿Por qué es necesario un nuevo Código Penal en Cuba? 

El presidente del TSP resaltó, a modo de resumen, que la presente Ley recoge el carácter humanista de la revolución y está a tono con los instrumentos legales internacionales sobre el tema penal, respetando siempre los derechos humanos.

La norma, en su consideración, resulta de extraordinaria relevancia en la robustez de Cuba como estado socialista de derecho y, de ser aprobada, se puede afirmar que contaríamos con una Ley Penal moderna, atemperada a nuestras realidades socio-económicas, actualizada con la Constitución y otras disposiciones jurídicas.

Atendiendo a la relevancia de su contenido, Remigio Ferro propuso que la entrada en vigor fuera a partir de los 90 días posteriores a su publicación en Gaceta Oficial.

Ante varias consultas del presidente del parlamento, Esteban Lazo Hernández, el titular del TSP resaltó que «este ha sido, a excepción de la consulta popular sobre el Código de la Familia, uno de los Proyecto de Ley más debatido en el país», agregando que en el caso de los desestimados, estaban enfocados a temas que se repetían y estaban en contraposiciones con normas internacionales las que se conciliaron de forma individual con las personas que lo propusieron para el conocimiento de su desestimación.

En contexto:

- En su elaboración se tuvo en cuenta las recomendaciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, de 2011 y 2017, sobre la necesidad de realizar un estudio integral del sistema de justicia penal del país y promover ante los órganos facultados los correspondientes proyectos de normas jurídicas que, por su integralidad, naturaleza y alcance, abarcaran la actualización de las disposiciones penales procesales y sustantivas.

- La norma jurídica que se propone se estructura en 2 libros, 29 títulos, 138 capítulo, 179 secciones, 434 artículos, 2 disposiciones complementarias, 4 disposiciones especiales, 2 disposiciones finales y un anexo de definiciones de conceptos y términos empleados.

- El desarrollo normativo del marco constitucional actual y la integración a la ley interna de lo previsto en 25 tratados internacionales vigentes en el país, genera la necesidad de crear 4 nuevas familias típicas, relacionadas con las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y la comunicación, el medio ambiente y el ordenamiento territorial, la dignidad humana, y la creación intelectual, lo que trae como resultado que se introduzcan 37 nuevos delitos.

-La protección penal del orden socioeconómico legalmente establecido en el país recibe un nuevo diseño

-Se refuerza el enfrentamiento a la corrupción administrativa y económica, conforme a lo establecido en los documentos programáticos de los últimos tres Congresos del Partido, la Ley fundamental y las Convenciones Internacionales contra la Corrupción y contra el Delito Transnacional Organizado, que requieren su integración a la ley interna

-Se enfrenta desde el Derecho Penal la violencia de género y familiar y todas las formas de discriminación.

Alcanzar la máxima expresión normativa del Derecho Penal en Cuba

Al dar a conocer el dictamen, José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, apuntó que la Ley del Código Penal va a conformar, de conjunto con la Ley No. 143 del Proceso Penal aprobada en la sesión de octubre pasado de la ANPP, la máxima expresión normativa del derecho penal en el país.

Cuando mencionamos la obra de justicia social alcanzada por la Revolución, además de la educación, la salud y la seguridad social, hay que mencionar ineludiblemente la seguridad y protección de que gozan nuestros ciudadanos, en un mundo que se caracteriza, en sentido general, por sociedades con una elevada criminalidad, afirmó.

En tal sentido, sostuvo, este proyecto junto a la Ley Procesal Penal vigente, conforman un derecho penal que busca la máxima eficacia en la prevención y castigo de los delitos, respetando, al mismo tiempo, los derechos fundamentales y las garantías del imputado, sobre todo las de carácter penal material.

Nos referimos, en tal entendido, a los principios de legalidad, intervención mínima y culpabilidad y las concernidas a las de carácter procesal, tales como: el derecho a la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva y el debido proceso, detalló.

Al decir de Toledo Santander, se destacan en el contenido de la norma importantes precisiones, como lo concernido a la intervención en el delito, la incorporación de nuevas sanciones principales encaminadas a dar un empleo más restringido a la privación de libertad y la incorporación de las personas jurídicas como penalmente responsables, entre otros aspectos.

La norma también incluye fijar circunstancias de agravación de la responsabilidad penal cuando se producen ataques particularmente intensos a bienes de relevancia. Por ejemplo, es el caso de cometer el hecho contra las personas o bienes relacionados con la seguridad, la defensa, el ciberespacio nacional, las reservas materiales o vinculados con actividades priorizadas para el desarrollo económico y social del país, puntualizó Toledo Santander.

Significó que, en atención a la reiterada preocupación expresada por los diputados en el proceso de discusión de la referida norma, se precisó en el delito de especulación y acaparamiento, su marco penal, incrementándolo.

Asimismo, agregó, se estableció la responsabilidad que en tal sentido incurren los funcionarios o empleados públicos; y se reelaboraron los preceptos referidos a los delitos de usurpación y ocupación y disposición ilícita de edificios y locales, fusionándose en un solo tipo penal.

«En relación al delito de sacrificio ilegal de ganado mayor se delimitó con mayor gravedad la sanción al que ejecute este acto sin ser el poseedor legal del animal».

Por último, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos recomendó al Parlamento establecer que corresponde al Consejo de Ministros proponer al Consejo de Estado lo concerniente al funcionamiento de la Caja de Resarcimientos; que la Ley entre en vigor a los 90 días de su publicación en Gaceta Oficial; y encomendar al Tribunal Supremo Popular, a la Fiscalía General de la República y al Ministerio del Interior, realizar los análisis pertinentes con vista a la aplicación del principio de retroactividad.

Jornada del sábado de la Quinta Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular

Como parte del programa previsto para la cita, este sábado los diputados cubanos aprobaron tres importantes normativas: Ley de Soberanía Alimentaria, Seguridad Alimentaria y Nutricional, Ley de Protección de Datos Personales, y la Ley del Sistema de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente.

Asimismo, el vice primer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, ofreció una detalla información sobre cómo marcha la Estrategia económico-social de la nación, y su actualización con 158 nuevas medidas.

Dicha estrategia, se implementará con gradualidad y selectividad, un esquema cambiario para la venta de MLC a proveedores nacionales estatales y no estatales, pactando con ellos niveles de producción y precios, para su comercialización en pesos cubanos.

Gil Fernández aseguró que tal decisión nos va a permitir respaldar determinadas importaciones para hacer producciones, que luego se comercialicen a la población en pesos cubanos a través de entidades estatales. Además, esto nos conduce a ir creando las condiciones, para más adelante, disponer de un mercado cambiario y pensar en restablecer la venta de divisas a la población, señaló.

Por otra parte, se dio a conocer que, en el proceso de consulta popular del proyecto de Código de las Familias, convocado entre los meses de febrero a abril del actual año, concluyó con la participación de seis millones de cubanos, concluye Granma.