Por Jeniffer Rodríguez

Foto: Cubahora

En el año 2021, el Consejo de Ministros aprobó el Decreto 30 “De las contravenciones personales, sanciones, medidas y procedimientos a aplicar por la violación de las normas que rigen la política de precios y tarifas”, el cual busca incrementar la exigencia y el rigor en interés de evitar que se generen costes especulativos.

En consonancia con ello, en La Habana, todos los municipios tienen la misión de realizar estudios de tendencia de cómo va marchando esto en el territorio y trazar estrategias de trabajo que permitan un enfrentamiento lógico y organizado, con apego a las leyes.

Las acciones principales han estado encaminadas a las entidades que prestan servicios de primera necesidad a la población, señaló Osvaldo Rivalta Torres, director de la Dirección Integral de Supervisión y Control de La Habana.

Los sectores que más han incidido en estas violaciones son los mercados de Oferta y Demanda, los Agropecuarios Estatales subordinados a Acopio, los puntos de venta de la Agricultura, los trabajadores por cuenta propia en cafeterías y en áreas de comercialización, las bodegas, carnicerías estatales y privadas, la gastronomía, la Empresa de Restaurantes Habana, la Empresa Provincial de la Industria Alimentaria y las cadenas de tiendas de Cimex y Caribe.

 A ellos, dijo, se indicó incrementarle las acciones de control y fiscalización.

Rivalta Torres comentó que se trabaja en función de que toda la mercancía que el Estado pone en los establecimientos se oferte a la población, evitando el aplazamiento y la retención de productos de primera necesidad.

Resaltó una reunión que tuvo lugar en diciembre último, presidida por la máxima dirección del Gobierno y el Partido de la ciudad, donde se dio participación a los principales actores en la capital en busca de soluciones conjuntas para reducir los precios que se estaban disparando.

En ese encuentro participaron representantes del Comercio, la Gastronomía, los Servicios, Acopio, productores y trabajadores por cuenta propia, y se aprobaron un grupo de cuantías referenciales, las cuales estas entidades no podían sobrepasar, principalmente en los productos del agro.

De la estrategia a la práctica

 A decir del director de la DISC, en enero último se realizaron 9 524 acciones de control en la capital, de ellas con violaciones 9 369, lo que representa un 98,3 por ciento de índice de detección. Se aplicaron un total de 10 049 multas.

Las entidades que más inciden son las Unidades Básicas de la Industria Alimentaria (UBIA), Palmares, Tiendas Caribe y Cimex, Comercio, los Mercados Estatales Agropecuarios y trabajadores por cuenta propia vinculados a la venta de alimentos alimento y áreas de comercialización.

Los mercados de oferta y demanda, en comparación con el año anterior, tuvieron un incremento en 239 multas, señaló el directivo, quien añadió que en enero se realizaron 1 132 supervisiones dirigidas directamente a los precios, detectándose violaciones en 1 090, lo que representa un índice de detección de un 96.2 por ciento.

Al cierre del 2021, subrayó Rivalta Torres, se impusieron por las violaciones de la Política de Precios un total de 15 800 multas en la provincia como parte del enfrentamiento a este tipo de acciones y conductas.

Respecto al año precedente, añadió, se aplicaron un total de 3706 multas más.

Hay que señalar que en el 2020 esta punición se imponía con un valor de 100 pesos, mientras que en el año en curso y en el que terminó, el valor es de 5000 a 15000 mil pesos, por lo que requiere una mayor preparación y un análisis casuístico para imponer esta alta cuantía, comentó el director de la DISC de La Habana.

Foto: Tomada de Prensa-Latina.

Los municipios que menos enfrentamiento tienen en este sentido son los de Regla, Cerro, Boyeros, Cotorro y Habana del Este, mientras entre los que más enfrentan, en primer orden, está la DISC Provincial, seguida por San Miguel del Padrón, Playa, 10 de Octubre y La Lisa.

 Para el 2022, anunció, la proyección es incrementar las acciones de control en estos sectores que brindan servicio a la población, fortalecer los territorios que mantienen bajo enfrentamiento a tales violaciones y mejorar el funcionamiento de los grupos de enfrentamiento municipales y de los destacamentos populares.

Asimismo, conservar el sistema de trabajo y de chequeo diario con todas las incidencias, llevar a las reuniones de enfrentamiento y al Grupo Operativo de Lucha Contra las Ilegalidades e Indisciplinas Sociales a cada uno de los reincidentes y exigir medidas disciplinarias con mayor rigor en correspondencia con las violaciones detectadas.

 “Es una prioridad el enfrentamiento contra los precios abusivos y especulativos, las violaciones de normas y de precios y cuántas violaciones de la Política de precios se detecten”, concluyó el directivo.