Por Doris Calderón Terry

El gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata, comenzó a rendir cuenta de su gestión durante los años 2020-2021 como ejercicio de expresión de control social y la obligación contraída como servidor público.

El proceso transcurrirá, según cronograma establecido y teniendo como referentes las ideas, conceptos y directrices contenidos en el informe central del 8vo Congreso del Partido.

Se cumple de esta manera, con lo refrendado en los documentos rectores específicamente en el artículo 177 de la Constitución de la Republica, el artículo 116 de la Ley 138 “De Organización y Funcionamiento del Gobierno Provincial y el acuerdo 16 del Consejo Provincial del Gobierno de La Habana.

El período evaluado estuvo marcado por las restricciones económicas agravadas por la pandemia de la COVID-19, el recrudecimiento del bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por el gobierno de los Estados Unidos, las campañas mediáticas para desacreditar la Revolución Cubana y la crisis económica mundial.

La Salud Pública se vio impactada por la aparición del virus SARS-CoV-2, convertido en la mayor pandemia que ha azotado a la humanidad, lo cual demandó de las autoridades del territorio su mayor ocupación y atención durante los 21 meses antecedidos.

Se realizaron grandes esfuerzos para garantizar la implementación de medidas, tanto para la prevención y la atención a los enfermos, así como el aseguramiento de todo tipo de recursos que posibilitara minimizar su efecto.

Las principales medidas adoptadas fueron: la activación de los Consejos de Defensa y luego los Grupos Temporales de Trabajo, donde diariamente se evaluaba la evolución de la enfermedad y el comportamiento de los aseguramientos necesarios tanto a las instituciones de salud como a los centros de aislamiento habilitados.

En ese complejo contexto, se llevó a cabo el completamiento de las estructuras de dirección en el sector de la Salud, desde el nivel provincial hasta el nivel primario; pues, la  designación de cuadros fue imprescindible para fortalecer los procesos de dirección.

El despliegue de fuerzas estuvo dirigido a la realización de la pesquisa, aseguramiento con los alimentos y productos de primera necesidad a los lugares con casos confirmados, recepción y traslado de arribantes al país por el Aeropuerto internacional José Martí.

Fueron organizados 104 centros de aislamientos, los cuales fueron atendidos por 3 mil 583 trabajadores de diferentes sectores, asistiendo a 372 mil 692 pacientes.

Como consecuencia de la COVID-19, el promedio de fallecidos diarios de la provincia creció considerablemente, por lo que la actividad de servicios necrológicos se vio obligada a adoptar medidas urgentes.

Además de cumplir con los  protocolos establecidos; se organizó  el traslado de los cadáveres con el bajo coeficiente de disposición técnica con que cuentan los medios, actividad que se cumplió gracias al arduo trabajo desarrollado por este equipo.

Como resultado de las acciones realizadas, se logró a partir del mes de octubre, una reducción paulatina del número de casos positivos. Se produce una reducción de casos sospechosos y del total de pacientes graves y críticos, así como de los fallecidos.

Hasta la fecha, el proceso de vacunación cuenta con  el 96,0% de toda la población vacunada con al menos una dosis y el 89,0% con el esquema completo, lo que ha influido positivamente en la disminución de casos.

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En relación con otros temas de vital importancia, persisten insatisfacciones con los resultados del Programa Materno Infantil, a partir del incumplimiento del objetivo diseñado, al tener una tasa de 8,1 x mil nacidos vivos.

Para ello, se hace necesario elevar la exigencia a todos los niveles para revertir dicha situación en el año 2022, fortaleciendo la integración a nivel primario de salud con la participación de todos los factores comunitarios.

En medio de este difícil escenario el Consejo Provincial del Gobierno de La Habana, sesionó en 24 ocasiones, de ellas 3 extraordinarias, con el fin de dar solución a los problemas discutidos e instrumentar indicaciones de los órganos Superiores, así como normar procesos vinculados a servicios que se prestan a la población.

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