Los talleres donde laboran personas en situación de discapacidad recibirán nuevos beneficios fiscales dirigidos a estimular su producción, y favorecer el ingreso de los trabajadores.

Las empresas de Industrias Locales y los talleres donde laboran personas en situación de discapacidad recibirán nuevos beneficios fiscales dirigidos a estimular su producción y favorecer los ingresos de sus trabajadores, según establece la Resolución 201/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios, publicada el 7 de octubre en la Gaceta Oficial de la República.

Yenisley Ortiz Mantecón, viceministra de Finanzas y Precios, explicó este jueves en la revista Buenos Días que la disposición, ya en vigor, responde a la Transformación 69 del eje relacionado con el sector social y busca reactivar la actividad de más de un centenar de talleres existentes en el país.

Precisó que la normativa establece un tipo impositivo del 30% para el aporte por el rendimiento de la inversión estatal, en lugar del 50% aplicado con carácter general.

Asimismo, las empresas y talleres beneficiados podrán deducir el 150% de los gastos correspondientes al pago de salarios y contribuciones a la seguridad social, para el cálculo y pago del Impuesto sobre Utilidades.

En el caso de los trabajadores en situación de discapacidad, la Resolución incrementa en un 50% la cuantía del mínimo exento establecido para el cálculo y pago del Impuesto sobre los Ingresos Personales.

La Viceministra señaló que estas medidas pretenden mejorar la capacidad económica de los trabajadores y favorecer la recuperación productiva de instalaciones dedicadas, fundamentalmente, a oficios, manualidades y artesanías, cuya actividad se ha visto limitada por las dificultades para acceder a materias primas e insumos.

INCENTIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS

La disposición también exonera del pago del Impuesto sobre las Ventas y los Servicios a los actores económicos estatales y no estatales que realicen ventas mayoristas de materias primas e insumos a las empresas de Industrias Locales y los talleres donde laboran personas en situación de discapacidad.

Para acogerse a este beneficio, deberán diferenciar en su contabilidad las operaciones mayoristas destinadas a esas instalaciones.

Ortiz Mantecón destacó que el propósito es incentivar la participación de los actores económicos de cada territorio en el abastecimiento de los talleres, contribuir a su reactivación y favorecer la reincorporación de trabajadores que actualmente se encuentran en situación de interrupción laboral.

La Viceministra insistió en la importancia de preparar a los gobiernos locales y a las instituciones responsables para garantizar la aplicación efectiva de los incentivos.

En ese sentido, señaló que la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), junto con los gobiernos territoriales, tendrá un papel fundamental en la fiscalización y correcta aplicación de los beneficios.

La directiva subrayó que el reto consiste en que las medidas no queden únicamente recogidas en la normativa, sino que contribuyan a recuperar la actividad de los talleres y mejorar las condiciones económicas de sus trabajadores y familias.

Fuente: Periódico Digital Granma 

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