Por un año más el gobierno de Estados Unidos extendió la aplicación de la llamada Ley de Comercio con el Enemigo, instrumento jurídico que sustenta parte de las sanciones económicas contra Cuba.

La medida fue firmada por el presidente Donald Trump el 20 de agosto y su vigencia es hasta septiembre de 2027, luego que desde su origen, en 2017, ha sido renovada de manera sucesiva por administraciones estadounidenses de ambos partidos.

Al condenarla en su perfil en X, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla señaló que la referida legislación confirma la continuidad de la política de presión económica contra el país.

También hace unos días Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, anunció nuevas sanciones, esta vez contra ocho empresas de diversos sectores, el Ministerio de la Construcción y contra tres directivos del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).

Ya no se trata de afectar solo la economía, sino de tratar de descreditar a una institución como el ICAP, cuyo prestigio internacional radica en su capacidad de convocatoria de organizaciones y fuerzas progresistas, en decenas de países, en apoyo a la Revolución y a múltiples causas nobles a favor de la humanidad.

Para Marco Rubio las medidas contra el ICAP son por presuntamente patrocinar una amplia red subversiva en Estados Unidos destinada a identificar, captar y radicalizar a elementos subversivos.

Similar excusa, mal intencionada y mentirosa, ha esgrimido Washington para incluir a Cuba en la espuria lista de naciones terroristas.

En la referida lista aparecen Fernando González Llort, presidente del referido organismo; Noemí Rabaza Fernández, su vicepresidenta primera; y Leima Martínez Freire, la directora para Norteamérica.

En realidad las sanciones contra el ICAP son un reconocimiento a su labor en la movilización de la solidaridad internacional con Cuba, que ha permitido traer a la Isla importantes donativos en materia de tecnología solar, medicamentos, alimentos y otros recursos claves. 

Las nueve entidades sancionadas

En aras de seguir cortando los suministros el nuevo paquete de medidas contra la mayor de Las Antillas abarca a nueve entidades de los sectores minero, metalúrgico y de Comercio Exterior, incluyendo al Ministerio de la Construcción.

Se trata de la Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara, de Holguín; la Importadora/exportadora de metales (Metalcuba); Grupo Empresarial Geominero Salinero (Geominsal); Acinox Comercial; la Agencia de Contratación a representaciones comerciales S.A. (Acorecsa); y Coratur S.A.

Completan la relación la Empresa Central de Abastecimientos y Ventas de Equipos de Transporte Pesado y sus Piezas (Transimport), y la Empresa Comercializadora de Artículos en General (Consumimport).

En su cuenta en la red social X, el Canciller Bruno Rodríguez denunció que el Secretario de Estado continúa castigando a empresas cubanas, con el propósito deliberado de afectar la economía del país e impedir que el gobierno de Cuba garantice los servicios básicos a la población, que de por sí se encuentran en una situación crítica producto del bloqueo.

En su mensaje, el titular de Relaciones Exteriores señaló que, en particular, se obstaculiza la transportación de contenedores con alimentos, medicinas y dispositivos médicos, mayormente adquiridos por mipymes privadas cubanas.

En fin, Washington sigue apretando la tuerca, y acá todo un pueblo resiste y lucha contra las dificultades creadas como consecuencia fundamentalmente del bloqueo estadounidense.

Esta "política de máxima presión" no es más que una red de sanciones convertidas en un genocidio silencioso, que busca ahogar a la población cubana y llevarla a una explosión social que provoque un cambio de sistema, como ha denunciado Cuba en múltiples espacios.

Autor Fidel Beníto Rendón Matienzo del Equipo de Gestión de Contenidos del Portal del Ciudadano de La Habana

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