Dado el agravamiento de la crítica situación económica y social que enfrenta el país por las razones conocidas, el Estado cubano se ha propuesto no sólo mantener sino ampliar y mejorar el Sistema de Atención a las Familias (SAF), que beneficia a tantas personas en situación de vulnerabilidad.

Tras su publicación el 4 de agosto en una edición extraordinaria de la Gaceta Oficial de la República, una semana después entrarían en vigor nuevas normativas dirigidas a perfeccionar la política establecida para el funcionamiento de los hoy más de 4 400 establecimientos o unidades gastronómicas, que acogen a más a 66 mil beneficiados.

Se trata de uno de los tantos y nobles programas de la Revolución, surgido por idea del Comandante en jefe Fidel Castro hace 30 años, pues la experiencia comenzó en 1996 por el restaurante Manzanares, del municipio de Centro Habana, con el objetivo de brindar servicio a la población flotante alrededor de esa unidad en busca de alimentos baratos.

Desde entonces y de manera gradual se fue extendiendo al resto del país, con el objetivo de complementar la alimentación de adultos mayores, de personas con discapacidad, de embarazadas con alto riesgo y casos sociales críticos, con insuficiencia de ingresos y carentes de familiares obligados en condiciones de prestar ayuda.

Pero no todo ha marchado a la perfección, por eso, nuevas normativas como el Acuerdo número 10418, del Consejo de Ministros, y la Resolución 14/2026, de la Ministra del Mincin, aterrizadas a las duras realidades de hoy, se orientan a una responsabilidad más que social, administrativa, de gestión y control.

Lo novedoso es que en lo adelante los establecimientos vinculados al SAF pueden ser gestionados por actores económicos, estatales o no, sin pertenecer al sistema de comercio interior.

Tal cual explicó a principios de agosto en conferencia de prensa la titular de este sector, Betsy Díaz Velázquez, surgen tres alternativas que antes no existían: entidades estatales con comedor obrero podrán destinar parte de su capacidad a beneficiarios del SAF; las formas de gestión no estatal —mipymes y trabajadores por cuenta propia con establecimientos gastronómicos— podrán sumarse como prestadoras; y también podrán hacerlo instituciones o formas asociativas sin fines de lucro.

En zonas rurales o de difícil acceso donde no haya unidades gastronómicas, la norma prevé que el servicio se brinde en hogares de alimentación comunitaria o por personas naturales en sus viviendas.

"Que ese actor asuma el compromiso de mantener una dieta balanceada y atender incluso a más personas que necesitan acogerse al servicio", subrayó la ministra de Comercio Interior.

Pero el Acuerdo del Consejo de Ministros va más allá de no sólo garantizar los aportes nutricionales recomendados a los beneficiarios; sino también el desarrollo de actividades culturales, deportivas y de salud en los lugares donde se prestan estos servicios.

En sintonía con el carácter integral que tiene el SAF, y aunque cuando este programa es rectorado por el Mincin, esa disposición hace hincapié en la responsabilidad que les toca asumir a los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Salud Pública, Finanzas y Precios, Educación, Cultura, Agricultura, Economía y Planificación, y al Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, así como a las estructuras organizativas de las administraciones provinciales y municipales del Poder Popular.

Autor: Fidel Benito Rendón Matienzo del Equipo de Gestión de Contenidos del Portal del Ciudadano de La Habana

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