Más de un centenar de miembros del Parlamento británico han suscrito una moción oficial en la que rechazan las recientes disposiciones ejecutivas emitidas por el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, advirtiendo sobre el severo impacto de estas políticas y su marcado carácter extraterritorial.

La iniciativa, formalizada a través de la Moción de Acción Temprana (EDM) 2739 bajo el título “Nuevas sanciones contra Cuba”, fue introducida en febrero en la sede legislativa de Westminster por el diputado Steve Witherden, presidente del Grupo Parlamentario Multipartidista sobre Cuba. La acción legislativa responde a la orden ejecutiva estadounidense del pasado 29 de enero, la cual clasifica arbitrariamente a la nación caribeña como una “amenaza” a la seguridad nacional de EE. UU. y establece la autorización de sanciones contra terceros Estados que mantengan vínculos de suministro energético con Cuba.

Con el respaldo de 109 legisladores hasta la fecha, y destacando que desde 2009 no se registraba una moción con tanto apoyo a Cuba, la EDM 2739 constituye actualmente la moción con mayor apoyo parlamentario del año 2026. Cuenta con la representación de diversas fuerzas políticas, incluyendo al Partido Laborista, el Partido Demócrata Liberal, el Partido Verde, el Partido Nacional Escocés (SNP), Plaid Cymru, el Partido Socialdemócrata y Laborista (SDLP) y diputados independientes.

En el documento, los parlamentarios británicos denuncian las afectaciones directas sobre el sistema electroenergético y la economía cubana. El diputado Steve Witherden, en su calidad de presidente del Grupo Parlamentario Multipartidista sobre Cuba, ha enfatizado que la posición legislativa debe cimentarse en "el principio de que las naciones tienen derecho a la soberanía y la autodeterminación". Witherden calificó de inaceptable la estrategia de doblegar a un país soberano mediante el colapso inducido de las necesidades básicas de su población.

Esta preocupación por las consecuencias materiales de las sanciones fue respaldada por testimonios sobre el terreno. El legislador Richard Burgon, quien integró recientemente el Convoy a Cuba impulsado desde el Reino Unido para la entrega de ayuda solidaria, una delegación que contó también con la destacada participación del exlíder laborista y actual diputado independiente Jeremy Corbyn, documentó el impacto de las restricciones estadounidenses. Burgon advirtió que la prohibición a la entrada de combustible afecta severamente la capacidad logística del Estado y la atención médica, una política que catalogó como un intento deliberado de estrangular al pueblo cubano mediante la asfixia económica.

El avance de esta moción ha estado acompañado por la movilización de la sociedad civil británica, articulada en gran medida a través de la Campaña de Solidaridad con Cuba (CSC) en el Reino Unido. La labor de esta organización ha facilitado que ciudadanos británicos interpelen a más de quinientos legisladores, evidenciando que el rechazo a las sanciones trasciende los recintos parlamentarios y cuenta con un sólido respaldo en las bases electorales del país.

El rechazo a la extraterritorialidad de las medidas ha ocupado un lugar central en el debate. En respuesta a interpelaciones de sus electores, la Procuradora General del Gobierno, la diputada Ellie Reeves, reconoció el efecto perjudicial de estas políticas sobre el desarrollo económico de Cuba. Reeves subrayó que elementos de la legislación estadounidense imponen restricciones extraterritoriales a entidades británicas, impidiéndoles realizar operaciones comerciales y financieras legítimas con Cuba.

Esta moción visibiliza la postura de figuras políticas prominentes que instan a mantener una posición de firmeza frente a medidas que vulneran el derecho internacional. Representantes de diversas bancadas, como la líder parlamentaria del Partido Verde, Dra. Ellie Chowns, y el portavoz Demócrata Liberal Joshua Reynolds, coincidieron en la urgencia de que el Reino Unido no permanezca pasivo ante acciones unilaterales que comprometen la soberanía de los Estados y generan graves implicaciones humanitarias.

La postura consolidada de estos 109 parlamentarios, en representación de más de 8 millones de ciudadanos británicos, reafirma el amplio rechazo internacional frente a la política coercitiva implementada por Washington y reitera la exigencia de poner fin definitivo a estas medidas coercitivas unilaterales.

Fuente: Cubaminrex