En Cuba, donde las políticas del Estado tienen muy en cuenta la atención a las personas y familias en situación de vulnerabilidad, y todo cuanto pueda mejorar el bienestar de la población incluido el medio ambiente, un componente o prioridad dentro de las transformaciones económicas y sociales aprobadas es la responsabilidad social que deben asumir los actores económicos.

Su esencia transversaliza varios ejes temáticos, aunque específicamente el 8 trata el tema en cuestión.

Sobran los ejemplos de las ayudas desinteresadas que cuentapropistas, mipymes, proyectos de desarrollo local, socios extranjeros y entidades estatales han dado en situaciones de emergencia y en acciones comunitarias.

Recientemente, en la Mesa Redonda de la televisión, Lázara Mercedes López Acea, presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, recordó la participación de esas figuras durante huracanes, desastres naturales y otras circunstancias, así como sus aportes a hogares de ancianos y de niños sin responsabilidad parental y diferentes iniciativas sociales.

A modo de ejemplo, la Mipyme MEC S.U.R.L. (del municipio de Playa) fue pionera en el pago a jubilados mediante el servicio Caja Extra, en una experiencia liderada por el Banco Central de Cuba. Su director, Ernesto Morejón, se sumó por el valor social y la utilidad de la iniciativa para el sistema financiero cubano.

Sin dudas  acciones como estas reflejan una vocación solidaria presente en la ciudadanía cubana, y constituyen una dimensión que ahora recibe mayor reconocimiento dentro de las nuevas transformaciones.

Concebir en las Estrategias de Desarrollo Local la responsabilidad social

La falta de recursos materiales, financieros y energéticos, en la que las políticas estadounidenses de asfixia y máxima presión contra Cuba son la causa principal, y el agravamiento de nuestra economía y de la calidad de vida de la población, multiplican hoy día el valor de la responsabilidad social de todo el tejido empresarial, incluidos los nuevos actores económicos.

De lo que se trata en lo adelante es intencionar más, organizar mejor y planificar con eficiencia en cada territorio las prioridades o necesidades que los gobiernos por sí solo no pueden asumir, y habrá que actualizar dentro de las Estrategias de Desarrollo Local al calor de las anheladas autonomías municipales y empresariales y de los encadenamientos productivos.

El desarrollo económico no puede desligarse del compromiso con la sociedad y con las comunidades donde esas entidades, estatales y privadas, desarrollan sus actividades.

Recordemos que el movimiento de barrios vulnerables en transformación, impulsado a partir de 2021, reveló la urgencia de que los actores económicos de cada localidad asuman mayores niveles de compromiso social que ayuden a rebasar las múltiples vulnerabilidades y problemas materiales de la nación.

En Cuba, estudios del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas consideran la responsabilidad social empresarial (RSE) como un modo de gestión que entraña el compromiso de generar valor a partir de prácticas sostenibles, verificables e intencionadas, y a favor de la equidad y la justicia social.

Se da tanto dentro como fuera de la empresa, a través de las relaciones con proveedores, trabajadores, clientes, Gobiernos, comunidades, entre otros actores, y abarca las dimensiones ética, social, económica, legal, medioambiental y participativa.

Incluso de acuerdo con Roberto Ricardo Marrero, presidente del Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales, el proyecto de Decreto Ley sobre la empresa estatal socialista, que se elabora, además de regurar lo relacionado con el empleo y el salario, prevé acciones concebidas dentro de la responsabilidad social.

Amplio el abanico de actividades o tareas

Pero la medida 64, del eje temático 8, señala establecer que todos los actores económicos (estatales y privados nacionales y extranjeros), como parte de su responsabilidad social a nivel comunitario, en el orden financiero, de recursos materiales y servicios, participen directamente en estas actividades:

-Apoyar el pago a pensionados mediante convenios con los bancos.

-Respaldar los comedores del Sistema de Atención a la Familia y Hogares de Alimentación Comunitaria.

-Apoyar hogares de niños sin cuidado parental.

-Apoyar hogares de ancianos, maternos, casas de abuelos y otros centros sociales.

-Atender personas o familias en situación de vulnerabilidad identificadas por los gobiernos territoriales y locales (establecer precios diferenciados, descuentos, gratuidades o cupos solidarios).

-Apoyar el transporte público y sanitario.

-Respaldar instituciones de la Salud Pública, centros educacionales, culturales y deportivos.

-Contribuir a la higiene comunal y al saneamiento de las ciudades.

-Destinar productos básicos a instituciones sociales.

-Apoyar servicios funerarios para familias sin recursos.

-Impulsar ferias y ventas populares en comunidades en situación de vulnerabilidad.

La lista de tareas concebidas es amplia y tal como diría la colega Mónica Sardiña Molina, en un artículo en Juventud Rebelde, se demanda organización, control y participación popular, para que la responsabilidad social no se ejerza con acciones aisladas y a ciegas, sino con plena conciencia de la mejora inmediata que podría generar en la calidad de vida de muchísimas personas.

Autor: Fidel Benito Rendón Matienzo del Equipo de Gestión de Contenidos del Portal del Ciudadano de La Habana

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