La asunción de una política penal severa, basada en el principio de tolerancia cero, y la implementación de una campaña de prevención, ya no son en Cuba únicamente exclusivos al combate contra el tráfico de droga, sino también a un fenómeno de gran trascendencia económica y social como el robo de combustibles.

Recordemos el caso ocurrido hace siete meses en la terminal de Ómnibus de San Agustín, en La Lisa, donde fueron sustraídos cientos de litros de diésel, destinados a los ómnibus de transporte urbano y a camiones de Servicios Comunales dedicados a la recogida de desechos sólidos.

Lo cierto es que mientras el país sufre carencias del vital recurso para asegurar la generación eléctrica distribuida y el transporte público, hay quienes pretenden lucrar a costa de esas necesidades afectando aún más al pueblo en su vida cotidiana.

Lo mismo sucede con el robo de aceite dieléctrico de transformadores, de combustibles en emplazamientos de grupos electrógenos, así como de piezas y de partes del montaje de los parques solares fotovoltaicos.

En los últimos meses en varios territorios  se ha reportado la ocurrencia de tales delitos económicos, en tanto la legislación cubana los califica como sabotaje cuando se afecta deliberadamente el funcionamiento de instalaciones vinculadas a servicios esenciales.

El Código Penal establece fuertes sanciones para quien destruya, altere o perjudique instalaciones relacionadas con fuentes de energía. Si existen agravantes o consecuencias graves para la seguridad colectiva, las penas pueden ser mayores.

En múltiples ocasiones la Fiscalía General de la República ha advertido que las penas pueden llegar a ser de hasta 30 años de cárcel.

Fuertes afectaciones en lo económico y social

Según los especialistas el aceite dieléctrico es un insumo imprescindible para el funcionamiento de los transformadores eléctricos que alimentan a miles de hogares, hospitales, escuelas y otras instalaciones esenciales.

Mas el daño no es solo económico. Según cifras de la Empresa Eléctrica, un solo transformador puede costar entre 4 y 5 millones de dólares en el mercado internacional.

A esto se suman los costos de transporte, alquiler de grúas, combustibles y la fuerza laboral empleada en los esfuerzos de reparación. Además, las afectaciones a los clientes —que pueden oscilar entre 100 y 5,000 personas por incidente— generan un impacto social devastador, sobre todo en zonas rurales y en momentos donde las ya frecuentes interrupciones de energía agravan la situación.

Por tanto, su sustracción no solo destruye equipos de infraestructura crítica, sino que está dejando a miles de cubanos sin electricidad y, lo que es más grave, afecta la estabilidad económica del país.

Comunidades enteras han quedado a oscuras y servicios vitales como el abastecimiento de agua y el riego agrícola, se han visto gravemente afectados.

Ese aceite robado se revende en el mercado negro como combustible para tractores y camiones, a precios exorbitantes que superan los mil pesos por litro, lo cual incentiva la perpetuación de estos delitos.

El actuar conjunto de los órganos y organismos veladores de la legalidad han permitido, hasta el momento, determinar cadenas delictivas cuyos imputados se encuentran sujetos a procesos penales, entre ellos, receptadores, mayormente poseedores de vehículos, bienes que, por demás, podrían ser objeto de decomiso una vez concluida la investigación.

En la más reciente reunión del Grupo de trabajo para la prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, realizada mediante videoconferencia con los territorios, Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político y primer ministro, orientó elevar las sanciones administrativas, y que se sepa que hay enfrentamiento, que se convierta en una batalla de todos los días.

Calificó de alta sensibilidad las sustracciones de aceite dieléctrico porque están agrediendo a nuestro pueblo, están afectando a una comunidad entera.

A este tema hay que darle mucha divulgación para sumar al pueblo al enfrentamiento. Que se sepa que no hay tolerancia ante el robo de combustible ni de este aceite, ni ante la corrupción.

"Pero también mano dura con los irresponsables administrativos que no están cumpliendo su papel, que no están exigiendo y que no están controlando como tienen que controlar", subrayó el jefe de gobierno.

Por: Fidel Benito Rendón Matienzo del Equipo de Gestión de contenidos del Portal del Ciudadano de La Habana

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